Santo Domingo / Redacción Nacional.— La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) expuso la sustentación jurídica del expediente denominado “COBRA 2.0” (vinculado a irregularidades en el marco del sistema de salud y de la investigación del caso SeNaSa), enfatizando que los actos de corrupción administrativa investigados impactan severamente el funcionamiento del Estado y la provisión de servicios públicos esenciales.
De acuerdo con las precisiones del órgano persecutor, la estructura bajo investigación habría utilizado recursos de las arcas públicas para operar un esquema ilícito de obtención de fondos. El Ministerio Público subrayó que este tipo de prácticas trasciende la pérdida monetaria, ya que debilita las instituciones democráticas y crea condiciones propicias para la operatividad de la criminalidad organizada.
Para sostener la tipificación y gravedad de los hechos presentados en el expediente, la PEPCA basó su argumentación en mandatos de la Constitución de la República Dominicana, así como en instrumentos internacionales ratificados por el país. Entre las normativas citadas figuran la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de Palermo (contra la Delincuencia Organizada Transnacional).
El organismo persecutor argumenta que el uso de estas convenciones responde a la necesidad de dimensionar la escala del perjuicio social y económico provocado, reiterando que los fondos desviados afectan de manera directa la calidad de los servicios sociales que recibe la población dominicana. El proceso judicial continúa en desarrollo para la determinación de responsabilidades.
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