Según la exposición del jurista, la Ley núm. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados —que sustituyó la antigua Ley 36 de 1965— mantiene la excepción histórica que clasifica al machete y a los cuchillos de labor estrictamente como herramientas agrícolas o de construcción, no como armas blancas sujetas a persecución o regulación preventiva en espacios urbanos.
Esta distinción legal, diseñada originalmente para proteger el trabajo de agricultores y obreros, contrasta con la realidad actual de las calles dominicanas.
En los levantamientos y decomisos de las fuerzas del orden se evidencia la alta incidencia de este instrumento en disputas de tránsito, rencillas comunitarias y altercados en establecimientos comerciales.
Reportes recientes en demarcaciones como Espaillat, Valverde y La Vega registran la ocupación de cientos de armas blancas retiradas de la vía pública durante operativos de prevención.
El jurista enfatiza que la solución no radica en prohibir el uso legítimo del machete a los trabajadores del campo o la construcción, sino en adecuar el marco normativo para disuadir su porte injustificado como instrumento de intimidación y agresión en entornos urbanos.
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